Washington, DC - En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cuatro funcionarios gubernamentales nicaragüenses, Gustavo Eduardo Porras Cortés, Orlando José Castillo Castillo, Sonia Castro González y Oscar Salvador Mojica Obregón, conforme a la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13851. Asimismo, Sonia Castro González y Gustavo Eduardo Porras Cortés han sido designados conforme a la Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act, NHRAA) de 2018.
La medida de hoy está dirigida a funcionarios del gobierno de Nicaragua que persiguen a ciudadanos nicaragüenses por ejercer sus libertades fundamentales, sancionan leyes represivas, silencian a medios de prensa y niegan atención médica al pueblo nicaragüense.
“El Gobierno de Nicaragua sigue violando los derechos humanos del pueblo nicaragüense, al implementar leyes draconianas y violentas y retener a cientos de personas como presos políticos. Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y sus colaboradores directos: acompañamos al pueblo nicaragüense en su reclamo de reformas y de que se restablezca la democracia”, expresó la subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker. “No dudaremos en tomar medidas contra quienes perpetúen la opresión o sostengan al régimen de Ortega a costa del pueblo nicaragüense”.
Como resultado de las medidas de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas, y de entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a tales personas, que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas. Se incluyen abajo datos adicionales sobre estas designaciones.
Gustavo Eduardo Porras Cortés
Gustavo Eduardo Porras Cortés (Porras) ha sido designado por su carácter de actual funcionario del Gobierno de Nicaragua y presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, una institución que ha adoptado acciones o políticas significativas que socavan procesos o instituciones democráticos en Nicaragua, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 y la NHRAA. Porras es el máximo operador político del presidente Ortega y ejerce un control significativo sobre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y el Ministerio de Salud, con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo. El 27 de noviembre de 2018, la OFAC designó a Rosario Murillo por su carácter de funcionaria del Gobierno de Nicaragua.
La Asamblea Nacional de Nicaragua sancionó una ley de amnistía a principios de junio de 2019 que indulta en forma condicional a personas que participaron en las protestas desde el 18 de abril de 2018, pero exige que los manifestantes se abstengan de expresarse en futuras protestas o, de lo contrario, podría revocarse la amnistía. La ley también indulta a policías y combatientes parapoliciales que participaron en la violenta represión desplegada por el régimen de Ortega contra los manifestantes, que incluyó el asesinato de cientos de manifestantes. En noviembre y diciembre de 2018, la Asamblea Nacional también prohibió que nueve organizaciones de defensa de los derechos humanos y la democracia realizaran actividades en Nicaragua.
Orlando José Castillo Castillo
Orlando José Castillo Castillo (Castillo) ha sido designado por su carácter de actual funcionario del Gobierno de Nicaragua y de director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), una entidad que por sí, o a través de sus miembros, ha participado en acciones que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad en Nicaragua, conforme a la Orden Ejecutiva 13851. TELCOR ha sido usado por el presidente Ortega y por Castillo para silenciar a medios independientes, entre ellos el medio 100% Noticias.
Sonia Castro González
Sonia Castro González (Castro) ha sido designada por su carácter de actual funcionaria del Gobierno de Nicaragua, y de Ministra de Salud. En su rol como Ministra de Salud, Castro ha sido designada conforme a la Orden Ejecutiva 13851 por encabezar el Ministerio de Salud, una entidad que por sí, o a través de sus miembros, ha cometido graves violaciones de derechos humanos, conforme a la Orden Ejecutiva 13851. Dado que el Ministerio de Salud es una entidad que por sí, o a través de sus miembros, ha participado en actos significativos de violencia o conductas que constituyen graves abusos o violaciones de derechos humanos contra personas vinculadas con las protestas en Nicaragua que empezaron el 18 de abril de 2018, Castro también ha sido designada conforme a la NHRAA.
El Ministerio de Salud negó atención médica a víctimas de la violenta represión del régimen, lo cual exacerbó las heridas de estas personas o incluso provocó muertes. El personal de hospitales recibió órdenes de denunciar a manifestantes a las fuerzas parapoliciales, que sacaron a estas personas de los establecimientos y provocaron desapariciones forzadas. El Ministerio de Salud amenazó a trabajadores de salud pública y despidió a cientos de trabajadores de la salud que atendieron a manifestantes.
Oscar Salvador Mojica Obregón
Oscar Salvador Mojica Obregón (Mojica) ha sido designado por su carácter de actual funcionario del Gobierno de Nicaragua, conforme a la Orden Ejecutiva 13851. Mojica es mayor general retirado del Ejército nicaragüense y es actual Ministro de Transporte e Infraestructura. En televisión nacional, Mojica promovió la estrategia del régimen de Ortega de “exilio, cárcel o muerte” para silenciar a la oposición, que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas encarceladas, exiliadas o desplazadas internamente. Asimismo, Mojica administra una proporción sustancial de las finanzas oficiales y personales del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo, incluidas inversiones en plantaciones de café y establecimientos de hostelería.